Evaluar las políticas relacionadas con la inmigración es complejo, debido a la multitud de aspectos que abarcan y la diversidad de niveles de gobierno implicados. A nivel europeo, se han aprobado diversas directivas encaminadas a fijar mínimos en aspectos como, entre otros, la reunificación familiar, el estatuto de los residentes de larga duración o los traslados dentro de una misma empresa. Además, se aprobó en el año 2004 un conjunto de principios básicos comunes para la integración de los inmigrantes, que debían funcionar como marco general para el desarrollo de las políticas nacionales. En el primero de estos principios, se definía la integración como “un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los países europeos” (Documento del Consejo n°14615/04 de 19 de noviembre de 2004). En este contexto, se elaboró en España el Primer Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, al que siguió un segundo Plan para el período 2011-2014, lastrado por los recortes presupuestarios. En los últimos años, los esfuerzos para coordinar y dotar financieramente las políticas de integración perdieron protagonismo, en un período marcado por la crisis económica, la ralentización de los flujos de entrada y la menor prioridad concedida al problema por los gobiernos conservadores.
Un instrumento interesante para analizar las políticas nacionales de integración de la población inmigrante es el MIPEX (Migrant Integration Policy Index), que compara cada cuatro años el marco institucional y las medidas relacionadas con la integración en 38 países desarrollados, a través de un conjunto de indicadores organizados en ocho áreas fundamentales. La Figura 32 recoge los resultados obtenidos para España en la publicación más reciente, referidos al año 2014 (Huddleston et al. 2015). La puntuación del índice varía entre 0 y 100, representando 100 la situación más favorable.
