Álvaro Soto
En cuatro décadas, la presencia de extranjeros ha pasado de ser un asunto residual para los partidos políticos en una discusión central durante las campañas electorales
Si alguien quiere hacerse una idea del interés que ponían en la inmigración los políticos de 1982, basta repasar el programa con el que el PSOE de Felipe González arrasó ese año en las elecciones. Exactamente, a este asunto le dedica una línea, y de refilón: «El tratamiento integrador que el Gobierno llevará a cabo para que la protección, equiparación laboral, social y educacional de los trabajadores emigrantes españoles sea una realidad se aplicará igualmente a los trabajadores extranjeros inmigrantes en España». Y es que lo que no existe no importa, y entonces la inmigración era un fenómeno exótico al sur de los Pirineos. Apenas había 200.000 extranjeros censados en España, el 0,5% de la población, mientras que centenares de miles de españoles que habían abandonado el país en los años 50 y 60 aún residían en el exterior: el mismo programa electoral dedicaba a la emigración española varios párrafos. Lo mismo ocurría con el CIS, que en su encuesta sobre las preocupaciones de los españoles ni preguntaba sobre la inmigración: comenzó a hacerlo en el 2000.